Hacia un plan educativo nacional de largo plazo

 

Por Luis Enrique López, PACE-GIZ

Toda sociedad requiere de una visión consensuada de futuro, pero en una sociedad étnica y culturalmente plural y compleja como la guatemalteca esta necesidad se vuelve un imperativo. A ello pretendieron aportar los Acuerdos de Paz de 1996, pero ni la sociedad ni el Estado han podido hasta hoy cumplir con esa desiderata. No cabe duda alguna que urge mirar el futuro desde una lógica de cohesión social, que supere la perspectiva multicultural del juntos pero no revueltos que parece haberse afincado en la mentalidad guatemalteca. Solo así se podrá avanzar, con perspectiva y actitud intercultural, hacia la Guatemala unidad en su diversidad que muchos anhelan.

En ese camino, a la educación le toca jugar un papel preponderante. En primer lugar porque los cambios ambicionados suponen la construcción de una nueva racionalidad compartida, así como de nuevos modos de pensar, sentir y actuar; y, en segundo lugar, porque se trata de llegar a consensos sobre
el tipo de sociedad, de país y de Estado que Guatemala necesita para afirmarse con sello propio en el Siglo XXI, y así superar las numerosas falencias que hoy la caracterizan. Como es de suponer, los retos que suponen la construcción de la unidad en la diversidad y de la cohesión social no son ajenos a  la búsqueda de nuevas lecturas de la democracia y de la formación ciudadana. Y, así como la formulación de un nuevo contrato social requiere del aporte de todos los ciudadanos guatemaltecos, hombres y mujeres, ladinos e indígenas, también la cristalización de nuevos acuerdos para un renovado sistema educativo, que aporte a ese renovado contrato social, solo puede lograrse con el involucramiento activo de representantes de los distintos sectores de la sociedad guatemalteca. En otras palabras, una discusión amplia y la búsqueda de consensos respecto al tipo de educación que queremos  contribuirán también al fortalecimiento de la democracia, de la interculturalidad y del sentido ciudadano en el país.

Pero así como la discusión de la educación que queremos bien puede contribuir a la generación de procesos internos de interculturalización y cohesión social, también puede coadyuvar a la toma de consciencia de los distintos problemas que actualmente aquejan al país y que, por ende, requieren ser tomados en cuenta en la construcción de planes de educación de mediano y largo plazo. Entre otros, cabe hoy tomar en cuenta la situación del cambio climático y del deterioro del medio ambiente, sus causas y efectos; así como aquellos que determinan la prevalencia de la discriminación y el racismo. También es menester considerar los efectos de la desnutrición crónica infantil y la falta de oportunidades laborales y de aprendizaje para crecientes números de adolescentes y los jóvenes.

No cabe duda que también habrá que reconocer el aún insuficiente rendimiento escolar que evidencian las pruebas nacionales estandarizadas y las razones por las que ello ocurre, así como las condiciones materiales y simbólicas en las que se dan los aprendizajes  de los educandos guatemaltecos. Pero, además de todo lo señalado, los acelerados cambios que experimenta la humanidad y aquellos que también impregnan a la sociedad guatemalteca, exigen repensar aquello que se estableció hace casi ya 20 años.

Solo a manera de ejemplo, cabe señalar el papel preponderante que hoy juegan las nuevas tecnologías de la información y comunicación y cómo estas influyen de forma decisiva en los modos, estilos y ritmos de aprendizaje. Pocos deben ser hoy los niños y jóvenes guatemaltecos que no acceden al Internet, que son parte de alguna red social y que no se comunican y aprenden por este medio. Como es obvio, la escuela no puede estar ajena a tal transformación.

Así, estamos ante condiciones y problemas de índole interna y externa como a potencialidades tanto propias como ajenas que nos plantean, tal vez como nunca antes, desafíos que, a mi juicio, aluden a lo que de manera restringida se ha establecido como calidad de la educación. Y es que, desafortunadamente, en la comprensión de esta calidad ha primado una visión economicista  impregnada por la racionalidad productiva que, de un lado, privilegia los productos por sobre los procesos, y, de   otro lado, presta atención casi exclusiva a la eficiencia y eficacia. De allí que tanto importe hoy la dimensión cognitiva y el rendimiento escolar en solo dos áreas del conocimiento, en detrimento del desarrollo de la afectividad, la autoestima, el sentido de pertenencia, la vida en convivencia y la responsabilidad ciudadana. Lamentablemente, hemos perdido de vista esos otros factores igualmente importantes como la relevancia social de los aprendizajes y la pertinencia cultural y lingüística de los mismos, siendo estos últimos determinantes para sociedades que viven hoy en contextos de incertidumbre que requieren de respuestas producto de aprendizajes complejos. Al parecer, el mencionado énfasis economicista nos ha llevado a olvidar el fin de la educación es la formación integral del educando, y que el aprendizaje se caracteriza por ser fundamentalmente social y situado, y que, por ende, la historia particular de la sociedad a la que pertenecemos, el contexto cultural y las condiciones en las cuales el aprendizaje se desarrolla resultan determinantes para lograr esos  mismos resultados que anhelamos.

La situación que atraviesa el país y los riesgos que se nos presentan ahora a los seres humanos y que ponen en cuestión nuestra continuidad como especie, exigen cambios drásticos en la educación, a partir de un replanteamiento total del modelo civilizatorio hegemónico, y del desenfrenado individualismo desde el cual hoy pensamos, actuamos y sentimos. Pareciera hoy necesario repensar acerca de esas otras dimensiones humanas hoy postergadas como la solidaridad, la cooperación, el apoyo mutuo, la convivencia con la naturaleza, que nos llevan a pensar en el bien común y no solo en el bienestar individual. Desde esa perspectiva de un buen vivir y de superación de la persistente desigualdad y de la injusticia social vigente, deberíamos buscar modelos y estrategias educativas que nos reconcilien con nuestra condición humana y de seres que forman parte de una colectividad determinada, fundamentales, para desde allí configurar modelos de desarrollo que sean humanos y sostenibles.

Desafíos como los que formulamos, solo pueden afrontarse a través de proyectos de mediano y largo plazo. Se trata de superar racionalidades cortoplacistas ancladas en las urgencias inmediatas, y en visiones estrechas, limitadas por un espectro de solo cuatro años de una gestión gubernamental. Ante imperativos tan grandes, no resulta dable pensar en plazos tan cortos, menos aún en cuando se trata de la acción educativa, cuyo tiempo de maduración es más largos y requiere de una perspectiva de al menos una cohorte completa, desde el nivel inicial hasta por lo menos la secundaria completa, sino pensar en toda una generación. Los países latinoamericanos que últimamente vienen logrando avances en la educación lo han hecho a través de planes de largo plazo basados en consensos políticos que les han permitido a los actores del sistema educativo precisamente trascender los límites de una administración gubernamental.

Desde la recuperación de la democracia, la educación guatemalteca tomó en cuenta la necesidad de cambios drásticos en su modelo educativo, y desde 1985 emprendió un camino importante de cambios y reformas. La agenda de entonces, en rigor, sigue vigente. Sus objetivos y líneas de acción clave parecen todavía ser útiles. Pero lo que faltó es arribar a un plan de acción y a estrategias consensuadas que trascendieran gobiernos, de forma tal de configurar políticas de Estado y no políticas de gobierno.

Y es que, así como la sociedad guatemalteca requiere de un nuevo contrato social que reconcilie al país consigo mismo y que apunte al logro de la unidad en la diversidad que lo caracteriza, del mismo modo su educación requiere de planes de acción de mediano y largo plazo que formen a los ciudadanos del futuro, que contribuyan a la implementación de tales consensos, y, por ende, a la construcción de esa renovada sociedad guatemalteca. Tales formulaciones requieren de procesos democráticos de construcción de consensos en distintos niveles, con una pléyade grande de actores, y desde distintas direcciones de abajo hacia arriba y del centro a la periferia. En verdad, Guatemala está ante la necesidad de un nuevo pacto educativo, que lleve al país a remontar la situación actual.

Emprender el camino de la formulación de un nuevo plan educativo nacional implica movilizar voluntades y poner a la sociedad toda a pensar en su presente-futuro y hacerla soñar con un destino diferente; y, por ello, entraña construcción social. Desde esa perspectiva, el ejercicio es educativo en sí mismo pero a la vez político, pues con la elaboración de su proyecto educativo nacional Guatemala pasará por la concreción de una propuesta político-pedagógica que contribuya a las transformaciones que los distintos sectores sociales que la componen anhelan.

El Consejo Nacional de Educación, por su naturaleza y conformación, está destinado a convertirse en un actor privilegiado de este transcendental proceso. Su responsabilidad histórica es movilizar a los distintos sectores y actores sociales en torno a la educación de todos y para todos. Por ello, sus miembros, en tanto representantes de distintos sectores de la sociedad guatemalteca deben posponer intereses particulares y, desde un anclaje cognitivo y afectivo en el bien común y munidos de una racionalidad estratégica arribar a esa nueva propuesta políticopedagógica que el país requiere.